Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura.

  La Suprema Corte de Justicia de la Nación encargó la coordinación del presente protocolo al Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas (Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM) y a la Lic. Maria Silvia Emanuelli (Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina). Este documento es el resultado de una construcción colectiva de diversos especialistas. El modelo…

Posicionamiento regional contra el fracking

El desarrollo de la fracturación hidráulica (fracking) tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente y la población de América Latina y agravará el cambio climático por lo que no debe ser permitida

– En el marco de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20) y de la Cumbre de los Pueblos en Lima, organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región.
– Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región.
– Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos, deben ser fomentadas e impulsadas por los Estados para asegurar la sostenibilidad energética y la lucha contra el cambio climático.

Intereses particulares no deben intervenir en reducir cambio climático

Las organizaciones no gubernamentales solicitamos al Gobierno de México y al Congreso de la Unión no ceder a las presiones de los intereses particulares que buscan mermar los esfuerzos para reducir las causas del cambio climático.

El Dictamen de Iniciativa de Ley de Transición Energética fue aprobado ayer -10 de Diciembre- por las Comisiones Unidas de Energía y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. A través de reconocer la meta de generar el 35% de energías limpias al 2024 (mandatada por la Ley General de Cambio Climático) y de excluir fuentes de energía fósil de los beneficios que este marco legal otorga a las energías limpias, la Ley de Transición Energética atiende directamente el mandato constitucional de regular las obligaciones en materia de energía limpia y la reducción de contaminantes en el sector eléctrico.

El cumplimiento de la meta del 35% permite una reducción estimada de 40 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCo2e), sin duda un componente esencial para alcanzar la meta de 288 MtCo2e que México requiere reducir al 2020 para el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de mitigación y para acatar el mandato de la meta de reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero establecido en la Ley General de Cambio Climático.